El debate sobre la necesidad de modificar la Constitución Política del Estado (CPE) en Bolivia ha ganado relevancia entre diferentes partidos políticos, quienes actualmente sugieren cambios fundamentales en la selección de magistrados y en las funciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Esta iniciativa se plantea como reacción a varias controversias acumuladas en años recientes, donde se ha puesto en duda el papel del órgano constitucional supremo en decisiones que, según varios grupos, han excedido sus poderes originales.
Los partidos políticos que impulsan esta iniciativa sostienen que es urgente revisar el mecanismo actual para la elección de las altas autoridades del Órgano Judicial y del TCP. Consideran que el sistema vigente, basado en la elección popular de ternas preseleccionadas por la Asamblea Legislativa, ha demostrado ser ineficaz, opaco y altamente politizado. Proponen en su lugar un proceso más técnico y transparente, donde la idoneidad y experiencia jurídica de los postulantes tengan mayor peso que las alianzas partidarias.
A la par, se plantea reducir el margen de actuación del TCP, limitando su capacidad para reinterpretar normas con efectos políticos inmediatos. En particular, se apunta a decisiones recientes que generaron tensión entre el órgano judicial y otros poderes del Estado, especialmente en lo relacionado con la habilitación o inhabilitación de candidaturas y la interpretación de normas constitucionales en contextos electorales. Estas sentencias han sido vistas por parte de la oposición y algunos sectores académicos como una forma de injerencia política encubierta, lo que ha deteriorado la credibilidad del tribunal.
Uno de los elementos más discutidos es la posibilidad de introducir una modificación que prohíba de manera expresa la reelección presidencial indefinida, tema que cobró especial notoriedad tras fallos del TCP que permitieron candidaturas controvertidas en procesos pasados. La idea es incluir un candado constitucional que impida reinterpretaciones que contradigan la voluntad popular expresada en referendos.
De igual manera, varias personas dentro del oficialismo han mostrado disposición a discutir estas reformas, aunque con diferencias. Algunos grupos sostienen que la autonomía del TCP es esencial para el mantenimiento del orden constitucional, mientras que otros admiten la necesidad de modificaciones, siempre y cuando se preserve la estabilidad institucional. Sin embargo, el asunto provoca divisiones internas y podría transformarse en un tema conflictivo en futuras conversaciones legislativas.
Al mismo tiempo, grupos ciudadanos, abogados y asociaciones cívicas han empezado a unirse para apoyar el cambio. Sostienen que la confianza del público en el sistema judicial ha alcanzado su nivel más bajo y que es necesario iniciar una reforma integral que restaure la legitimidad y eficiencia de las entidades responsables de impartir justicia y garantizar el respeto a la constitucionalidad.
Para llevar adelante una reforma de este calibre, se requeriría de un proceso legislativo complejo, que incluya acuerdos de al menos dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En caso de no alcanzarse este consenso, la alternativa sería activar una reforma vía referendo popular, lo cual demandaría una campaña nacional y la recolección de un número significativo de firmas.
El debate sobre las modificaciones a la CPE se sitúa dentro de un contexto más amplio de críticas al funcionamiento del Estado de derecho y a la falta de imparcialidad de las instituciones judiciales. Además, la demora en las elecciones judiciales, que ha sido criticada tanto a nivel nacional como internacional, ha intensificado la percepción de una crisis estructural en el sistema de justicia de Bolivia.
Con miras a las elecciones generales de 2025, la reforma constitucional aparece como un tema clave en la agenda política del país. La presión ciudadana, el desgaste institucional y la necesidad de recuperar la confianza en el sistema democrático podrían acelerar los tiempos de discusión, aunque el camino para lograr una modificación efectiva y legítima será complejo y disputado. La definición del rol del TCP y el sistema de selección de magistrados será, sin duda, uno de los ejes principales del debate político en los próximos meses.
