Bolivia se encuentra en un momento crucial de su institucionalidad democrática: la elección de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) está en manos de una Asamblea Legislativa que atraviesa un período de alta fragmentación política. La tarea, que requiere consensos amplios, se da en un contexto de tensiones internas, falta de mayorías claras y una creciente desconfianza ciudadana hacia los actores del sistema político.
La gestión de los actuales vocales del TSE, con una única excepción, ha concluido o lo hará pronto, lo que obliga a la Asamblea a nombrar nuevas autoridades antes de finalizar el año para asegurar la organización del calendario electoral para 2025. Esta selección es crucial, no solo por la labor operativa del Tribunal en las elecciones, sino también por su papel como mediador y garante de la transparencia en un contexto caracterizado por acusaciones cruzadas, polarización y antecedentes de crisis institucionales.
La Asamblea Legislativa se conforma por tres grupos principales: el Movimiento al Socialismo (MAS), que conserva todavía un peso importante aunque ya no cuenta con el dominio de épocas pasadas; Comunidad Ciudadana (CC), bajo el liderazgo de Carlos Mesa; y Creemos, dirigido por Luis Fernando Camacho. No obstante, dentro del MAS se observan divisiones significativas entre los seguidores fieles al exmandatario Evo Morales y aquellos que apoyan al presidente actual. Estas divisiones han complicado la formación de acuerdos incluso dentro de la misma organización.
La fragmentación ha derivado en un prolongado estancamiento legislativo en varias materias clave, y el proceso de designación del TSE podría no ser la excepción. Sin consensos, la renovación del órgano electoral corre el riesgo de demorarse, lo que podría comprometer la organización de las elecciones subnacionales y nacionales previstas en el mediano plazo.
A esto se suma la presión de sectores sociales y organizaciones ciudadanas que exigen un proceso transparente, meritocrático y libre de injerencias políticas. El descrédito que pesa sobre las instituciones, agudizado por las crisis electorales pasadas, ha generado una demanda generalizada de imparcialidad y profesionalismo en la conformación del nuevo TSE. En este marco, algunos analistas advierten que una elección marcada por el cálculo político o los repartos de cuotas partidarias podría agravar aún más la desconfianza hacia el sistema electoral.
El ente responsable de realizar la preselección ha lanzado ya el llamado para que los interesados entreguen su documentación, iniciando un periodo para aplicaciones que posibilitará evaluar tanto la experiencia laboral como los antecedentes éticos de los solicitantes. Luego, se anticipa una etapa de entrevistas abiertas al público, donde la gente tendrá la oportunidad de observar cómo se desempeñan los candidatos y, posiblemente, hacer comentarios.
Mientras tanto, diversos actores políticos han comenzado a pronunciarse sobre la importancia de blindar la independencia del TSE. Aunque todos los bloques coinciden en la necesidad de fortalecer la institucionalidad electoral, las diferencias emergen al momento de definir los criterios de selección, los perfiles deseables y los mecanismos de control ciudadano sobre el proceso.
En este escenario, el país enfrenta un doble desafío: renovar su órgano electoral con legitimidad y eficiencia, y al mismo tiempo, poner a prueba la capacidad de su clase política para construir consensos en un momento en el que la fragmentación amenaza con paralizar las decisiones fundamentales. Lo que está en juego no es solo la conformación del TSE, sino también la credibilidad del sistema democrático boliviano en su conjunto.
