La carrera hacia las elecciones generales en Bolivia continúa configurándose con movimientos clave entre los aspirantes. De los nueve precandidatos inicialmente inscritos en el proceso impulsado por la oposición, ahora quedan ocho en contienda. La declinación de Amparo Morena, quien había formalizado su postulación hace apenas unas semanas, reavivó cuestionamientos sobre la transparencia y legitimidad de la iniciativa, generando tensión entre líderes políticos y actores sociales.
Morena expuso motivos personales y desacuerdos con la gestión del proceso al retirarse de la contienda. Su decisión se hizo pública en medio de críticas sobre cómo se están llevando a cabo las normas internas de selección del bloque opositor. Diversos grupos han cuestionado la ausencia de procedimientos claros y acordados que aseguren una contienda justa entre los candidatos, especialmente tras señalamientos de favoritismos y presiones internas.
La entidad opositora designada para coordinar este proceso fue introducida como un espacio inclusivo y variado, con la intención de establecer una candidatura única para competir contra el partido gobernante en 2025. No obstante, luego de la retirada de Morena, líderes políticos y colectivos sociales expresaron su inquietud debido a la supuesta ausencia de garantías democráticas internas.
Entre los ocho aspirantes que aún se mantienen en carrera se encuentran dirigentes políticos tradicionales, exautoridades, activistas sociales y representantes del empresariado. Aunque sus perfiles varían considerablemente, todos coinciden en la necesidad de conformar una alternativa fuerte y cohesionada frente al actual partido de gobierno, cuya estructura se mantiene firme de cara al proceso electoral.
La disminución en el número de postulantes también ha abierto la puerta a negociaciones internas para alcanzar alianzas o posibles declinaciones estratégicas. Algunos nombres, con mayor peso mediático o reconocimiento nacional, ya han comenzado a explorar posibles pactos que les permitan ampliar su base de respaldo y posicionarse como la figura de consenso dentro del bloque.
Sin embargo, los esfuerzos de coordinación se ven obstaculizados por tensiones internas, divergencias ideológicas y la ausencia de normativas aceptadas por todos. Hasta ahora, no se ha conseguido definir un calendario preciso ni establecer un método de votación o encuestas para seleccionar al candidato único, lo que ha aumentado la percepción de falta de preparación y desorden.
El clima de incertidumbre también ha sido utilizado por el oficialismo para cuestionar la estabilidad del grupo opositor. Personas cercanas al gobierno han manifestado dudas sobre la habilidad de sus rivales para ofrecer una propuesta consistente y dirigir un proceso democrático claro, señalando que la retirada de Morena podría ser un indicio de divisiones más serias.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil que habían respaldado la idea de una unidad opositora expresaron su preocupación ante el giro de los acontecimientos. Plantean que el proceso debería regirse por principios de inclusión, transparencia y meritocracia, alertando que, de no corregirse el rumbo, se corre el riesgo de debilitar la credibilidad del eventual candidato elegido.
Con las elecciones generales previstas para 2025, cada vez es más urgente consolidar una propuesta unificada. Al mismo tiempo, la presión tanto interna como externa sobre la organización del proceso se incrementa, y toda la atención está centrada en los próximos movimientos de los ocho candidatos que siguen en competencia.
La expectativa de un frente común que logre canalizar el voto opositor y plantear una alternativa viable sigue vigente, pero deberá sortear desafíos organizativos, personales y políticos para cristalizarse. En ese contexto, la reciente declinación de una candidata y los cuestionamientos a la legitimidad del proceso representan una señal de alerta para quienes apuestan por una unidad electoral efectiva.
