El legislador Rafael López ha presentado una iniciativa para tratar lo que se conoce como «asentamientos pacíficos» en la zona C-45 del departamento de Santa Cruz, mediante un proceso legislativo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Su propuesta pretende enfrentar un conflicto que ha causado discordia entre comunidades campesinas, autoridades del departamento y sectores productivos de la zona, especialmente en relación con el uso y ocupación de tierras del Estado.
López, quien es representante del departamento de Cochabamba y parte del sector radical del partido oficialista, ha expresado que la solución debe basarse en respetar el derecho de asentamiento de los grupos campesinos sin tierra, siempre que estos procesos se lleven a cabo de manera ordenada, legal y pacífica. En este contexto, indicó que el conflicto por el territorio en la región llamada C-45 puede y debería resolverse a través de un debate legislativo, con la participación de las partes interesadas y fundamentado en un análisis técnico y jurídico sobre el uso de las tierras.
El conflicto actual involucra un área de terreno situada entre los municipios de El Torno y La Guardia, la cual ha sido invadida por grupos de campesinos que afirman tener el derecho de acceder a tierras estatales sin título. Las autoridades del departamento y los representantes del sector agrícola, sin embargo, han señalado que las ocupaciones son ilegales, no siguen un plan de asentamiento autorizado y comprometen reservas forestales y zonas protegidas.
En este contexto, la postura de López ha generado reacciones dispares. Mientras algunos sectores campesinos ven en su planteamiento una oportunidad para canalizar sus demandas dentro de un proceso institucional, autoridades locales y actores económicos del oriente boliviano han expresado su preocupación por lo que consideran una legitimación de tomas de tierras. Advierten, además, que el ingreso de estos temas al escenario legislativo nacional podría politizar aún más un conflicto de por sí complejo.
El legislador defendió su iniciativa explicando que hay una necesidad imperiosa de poner en regla situaciones anómalas que han existido por años y que perjudican a miles de familias de agricultores ubicadas en situaciones precarias. Afirmó que, en lugar de fomentar la usurpación, pretende definir pautas claras sobre la propiedad de la tierra y asegurar la seguridad legal para todos los implicados. Indicó que los procesos deben acatar las regulaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.
En contraste, voceros del ámbito agroindustrial han exigido una pesquisa sobre la procedencia de los asentamientos, y si detrás de estas ocupaciones hay intereses económicos o políticos. Han instado repetidamente a la Fiscalía y a la Policía para detener lo que califican como acciones organizadas de usurpación que afectan al progreso productivo y amenazan las inversiones en la zona.
La zona C-45 se ha transformado en un epicentro del conflicto por la tierra en Santa Cruz, una área donde el crecimiento agrícola, los intereses de los agricultores y la presión migratoria interna chocan con la planificación del territorio y los límites ecológicos. La iniciativa de llevar la discusión al Legislativo muestra la intención de algunos sectores oficialistas de elevar el debate a un ámbito institucional, aunque también podría resultar en un nuevo enfrentamiento entre perspectivas opuestas sobre el uso de la tierra y el modelo productivo en Bolivia.
El asunto, que ya ha provocado marchas, interrupciones de vías y disputas verbales entre líderes, necesita un enfoque completo que integre soluciones sociales, adherencia a la ley y cuidado ambiental. En el contexto político dividido, cualquier resolución deberá superar fricciones entre el gobierno central y las autoridades regionales, así como entre grupos de campesinos y productores privados.
Mientras tanto, las familias asentadas siguen a la espera de una definición que les brinde certeza sobre su futuro, mientras que los propietarios y defensores del ordenamiento territorial demandan acciones que frenen lo que consideran una amenaza para la institucionalidad y la estabilidad agraria en el oriente boliviano.
