La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) desmintió de forma categórica las denuncias que la señalaban como responsable de revender combustible importado a terceros. En un comunicado difundido recientemente, la compañía aseguró que el diésel adquirido del exterior es utilizado exclusivamente para abastecer su cadena de producción y negó cualquier desvío hacia empresas aliadas o subcontratistas.
El pronunciamiento se produce tras las declaraciones de representantes del transporte pesado, quienes acusaron a la cementera de comercializar combustible a precios por debajo del mercado informal, lo que generó malestar en sectores que enfrentan dificultades para acceder al diésel subsidiado. Según los denunciantes, la empresa habría ofrecido el litro de diésel a aproximadamente 4,50 bolivianos, mientras que en zonas con escasez el valor puede superar los 15 o incluso 20 bolivianos por litro.
Desde Soboce, estas versiones fueron catalogadas como «declaraciones infundadas e irresponsables» y se subrayó que todo el combustible importado se emplea exclusivamente en sus instalaciones industriales: fábricas de cemento, canteras y equipos de maquinaria. La compañía también remarcó que el marco legal actual autoriza la importación privada de hidrocarburos, siempre y cuando su uso se restringa a propósitos propios y no comerciales.
La estrategia de importación implementada por Soboce responde a las persistentes dificultades en el abastecimiento de combustibles que se registran en el país desde hace varios meses. La compañía sostuvo que esta medida busca garantizar la continuidad de sus operaciones, evitar paros productivos y proteger los miles de empleos que dependen directa e indirectamente de su actividad.
Además, se resaltó que la compra internacional de diésel ha sido fundamental para garantizar el transporte de cemento y concreto, componentes cruciales para el sector de la construcción y el progreso de la infraestructura. Si no se hubiera implementado esta acción, advirtió la compañía, habrían resultado perjudicadas tanto las obras públicas y privadas como muchos proyectos de urbanización y carreteras.
En respuesta a las acusaciones del sector del transporte pesado, Soboce instó a los responsables a presentar pruebas fehacientes de sus denuncias o, en su defecto, a retractarse públicamente. La empresa recordó que toda la importación de diésel que realiza está debidamente registrada y fiscalizada por las autoridades competentes, entre ellas la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que regula y monitorea este tipo de operaciones.
El conflicto ocurre en un entorno más amplio de falta de combustibles y aumento de tensiones entre el sector privado y el Gobierno. Aunque el Estado ha intentado relajar las regulaciones para permitir que los privados participen en la importación de hidrocarburos, varias agrupaciones sociales han manifestado inquietud por los posibles riesgos de especulación y desigualdad en el acceso.
Soboce explicó que su elección de traer carburantes del extranjero no es una acción especulativa ni proporciona un beneficio injustificado, sino que es una medida técnica ante una situación crítica. También afirmó que sigue comprometida con la producción local y el crecimiento económico, y que seguirá trabajando con las autoridades para mostrar la transparencia de sus actividades.
Por otro lado, los líderes del sector del transporte de carga subrayaron la importancia de implementar normas más rigurosas para prevenir posibles desviaciones o abusos. Advirtieron que, en caso de no aplicarse acciones, podría desarrollarse un mercado alternativo para el combustible importado, lo que tendría un impacto adverso en los transportistas menores.
La circunstancia ha provocado peticiones para un control más riguroso y claridad en la importación de hidrocarburos, así como en la distribución y el uso final de estos recursos. Desde el sector empresarial y sindical, se espera que las autoridades tomen medidas rápidamente para esclarecer los acontecimientos y definir normas precisas que eviten futuros conflictos.
Mientras tanto, Soboce reafirma su intención de seguir operando dentro del marco legal y sostiene que su rol es clave en la sostenibilidad de la cadena productiva de la construcción. El debate sobre el acceso al combustible y el papel del sector privado en su distribución promete seguir ocupando espacio en la agenda económica nacional.
