El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia confirmó oficialmente que el expresidente Evo Morales no podrá postularse como candidato presidencial en las elecciones generales previstas para 2025. La decisión ratifica una resolución anterior del propio órgano electoral, que responde al cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional emitida en 2023, la cual estableció límites a la reelección presidencial continua e indefinida.
Según lo expresado por los representantes del TSE, la inhabilitación de Morales no constituye una decisión discrecional del ente electoral, sino una aplicación directa de lo establecido por el máximo tribunal constitucional del país. La sentencia, dictada hace dos años, determinó que la reelección indefinida no es un derecho humano, y fijó límites claros a la postulación de autoridades que ya hayan ejercido el cargo en más de una ocasión de manera consecutiva.
Morales, quien ejerció como presidente desde 2006 hasta 2019, ha expresado su deseo de regresar al poder y ha acusado repetidamente lo que ve como un intento político para bloquear su candidatura. No obstante, las autoridades electorales sostienen que su descalificación no está relacionada con cuestiones partidistas ni ideológicas, sino con la aplicación de las normas constitucionales actuales.
En Bolivia, en el contexto de una situación política complicada, persisten discordias internas dentro del partido Movimiento al Socialismo (MAS), creado por Morales. Actualmente, el partido está dividido entre quienes apoyan al antiguo presidente y los simpatizantes del presidente Luis Arce. Esta confrontación ha avivado la discusión sobre quién debería liderar el partido y cuál debería ser su plan para las elecciones de 2025.
La resolución del TSE fue acompañada por un informe jurídico que respalda la imposibilidad de habilitar nuevamente a Morales como candidato, en virtud del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, el cual limita la reelección presidencial a una sola vez de forma continua. Además, se tomó en cuenta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el criterio anterior que permitía la reelección indefinida, con base en supuestos derechos políticos protegidos por tratados internacionales.
La postura oficial del órgano electoral ha generado diversas reacciones en el espectro político boliviano. Mientras sectores opositores celebran la decisión como un triunfo del orden constitucional, simpatizantes de Morales la rechazan y sostienen que se trata de una persecución contra el líder indígena. Algunos dirigentes del MAS anunciaron que recurrirán a instancias internacionales para denunciar lo que consideran una vulneración de derechos políticos fundamentales.
Mientras tanto, el gobierno ha optado por no tomar una postura directa respecto a la candidatura de Morales. Sin embargo, personas allegadas a la administración vigente han insinuado que las elecciones de 2025 deberían ser una ocasión para renovar liderazgos y fortalecer un proyecto de estabilidad.
Los expertos en política opinan que el fallo del TSE representa un momento crucial en el panorama electoral de Bolivia. Con Morales fuera de la contienda por la presidencia, se inicia una competencia más abierta entre las nuevas figuras dentro del MAS y un ajuste estratégico entre las fuerzas de oposición. La incertidumbre acerca de quién será el candidato del partido oficialista y cómo se organizarán los grupos opositores definirá el rumbo político del país en los próximos meses.
Mientras tanto, el tribunal electoral reafirma su compromiso con la imparcialidad y la legalidad, y advierte que todas las decisiones vinculadas a candidaturas futuras serán evaluadas bajo el estricto respeto al marco constitucional y jurisprudencial vigente. Con el calendario electoral avanzando, Bolivia se encamina hacia un proceso clave en su historia democrática, donde la legalidad, la representación y la gobernabilidad estarán nuevamente a prueba.
