El oriente de Bolivia, que abarca principalmente los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, concentra extensas áreas de bosques secos, sabanas y humedales. Esta región enfrenta incendios forestales recurrentes, intensificados por sequías prolongadas, prácticas de quema agrícola y la expansión de la frontera agropecuaria. La combinación de factores climáticos y humanos hace que la gestión del fuego sea un desafío permanente para las autoridades y las comunidades locales.
Marco institucional y legal
La gestión de los incendios forestales se apoya en un entramado de instituciones nacionales, departamentales y municipales, bajo un marco normativo específico:
- Ley Forestal 1700, la cual se encarga de regular la protección y el aprovechamiento de los bosques.
- Ley 602 de Gestión de Riesgos, por medio de la cual se fijan los procedimientos de recuperación, respuesta y prevención frente a desastres.
- Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), institución cuya función es fiscalizar y otorgar autorizaciones para las quemas.
- Viceministerio de Defensa Civil, entidad encargada de organizar la respuesta frente a emergencias a gran escala.
- Gobernaciones y municipios, organismos que llevan a cabo labores concretas para combatir y prevenir el fuego.
Prevención y control de quemas
La prevención representa un pilar fundamental en la administración. Dentro del territorio oriental boliviano, las quemas destinadas a la agricultura y la ganadería se autorizan exclusivamente en periodos determinados y bajo previa licencia. La institución encargada otorga autorizaciones para realizar quemas controladas, fijando a su vez lineamientos técnicos tales como franjas de protección y franjas horarias limitadas. Pese a lo anterior, la inobservancia de estas disposiciones figura como uno de los factores detonantes de los siniestros fuera de control.
Supervisión y detección precoz
El seguimiento se efectúa a través de capturas satelitales e informes en terreno. Diversas entidades gubernamentales, centros académicos y agrupaciones sociales emplean información sobre puntos de calor para:
- Localizar sectores con mayor vulnerabilidad.
- Poner en marcha avisos precoces dirigidos a ayuntamientos y poblaciones.
- Catalogar como prioritarias las zonas destinadas al desplazamiento de brigadas.
En época de estiaje, tales mecanismos facilitan prever el avance de las llamas, si bien su éxito recae en la celeridad de la reacción municipal.
Respuesta operativa y combate del fuego
Cuando se declara un incendio, la respuesta combina recursos humanos y logísticos:
- Brigadas forestales municipales, departamentales y nacionales.
- Fuerzas Armadas y Policía, que apoyan en zonas de difícil acceso.
- Bomberos voluntarios y organizaciones comunitarias.
En situaciones críticas, se recurre al uso de aeronaves destinadas al traslado de personal y a la descarga hídrica. Un antecedente notable ocurrió durante la emergencia en la Chiquitania en 2019, momento en el cual millones de hectáreas sufrieron daños y se necesitó asistencia internacional.
Participación comunitaria y saberes locales
Las comunidades indígenas y campesinas del oriente boliviano cumplen un rol clave. Sus conocimientos tradicionales sobre el uso del fuego, la lectura del clima y la protección del territorio se integran cada vez más en estrategias de manejo integral del fuego. Programas de capacitación buscan fortalecer esta participación y reducir prácticas de riesgo.
Restauración y recuperación de áreas afectadas
Tras los incendios, la gestión continúa con acciones de recuperación:
- Análisis de los perjuicios en la producción y el entorno natural.
- Repoblación forestal utilizando flora autóctona.
- Asistencia a las economías regionales damnificadas.
Tales procedimientos demandan tiempo y recursos considerables, aunque resultan imprescindibles para mitigar riesgos venideros.
Desafíos actuales y perspectivas
A pesar de los avances, persisten desafíos como la falta de recursos, la coordinación interinstitucional limitada y la presión económica sobre los bosques. La gestión de los incendios forestales en el oriente de Bolivia refleja una tensión constante entre desarrollo productivo y conservación ambiental. Fortalecer la prevención, respetar las normas y reconocer el valor del bosque como sistema vivo abre la posibilidad de convivir con el fuego sin que este se convierta en una amenaza permanente para la región y sus habitantes.
