El escenario político boliviano se ha vuelto a sacudir con el pronunciamiento del expresidente Evo Morales, quien ha exigido su habilitación para participar como candidato en las elecciones presidenciales programadas para 2025. Morales, figura central en la política del país durante las últimas dos décadas, sostiene que su exclusión del proceso electoral constituye una violación de sus derechos políticos y de los principios democráticos.
La demanda del exmandatario se da en un contexto de tensiones crecientes al interior del oficialismo, donde las divisiones entre distintas corrientes del Movimiento al Socialismo (MAS) se han hecho cada vez más evidentes. Morales ha acusado a sectores del gobierno actual de intentar obstaculizar su candidatura mediante maniobras jurídicas y políticas, con el objetivo de debilitar su liderazgo y consolidar el control institucional desde otras facciones.
Un aspecto central de la discusión es cómo se interpreta la decisión del Tribunal Constitucional, que hace años determinó que la reelección sin límite no constituye un derecho humano, anulando así la justificación que se empleó para la candidatura de Morales en 2019. Desde ese momento, ha existido un debate continuo sobre si el expresidente tiene la posibilidad de postularse nuevamente en las elecciones, después de haber ocupado la presidencia en tres ocasiones consecutivas.
Morales ha expresado que su caso necesita ser examinado a la luz de los estándares internacionales relativos a los derechos humanos, afirmando que no puede existir regla alguna que limite de manera arbitraria el derecho de alguien a ser escogido, sobre todo si cuenta con apoyo popular. Asimismo, ha llamado a sus seguidores a movilizarse en defensa de su habilitación, advirtiendo que cualquier intento de bloqueo político no hará más que intensificar la polarización en el país.
El reciente aviso ha provocado opiniones divididas. Por un lado, sus partidarios creen que su candidatura es auténtica y esencial para garantizar un «regreso al proceso de transformación». Por otro lado, los detractores del exlíder lo señalan por tratar de mantenerse indefinidamente en el poder y por ignorar el resultado del referéndum de 2016, donde la mayoría de los votantes rechazaron otra reelección.
La situación se complejiza aún más debido al entorno político boliviano, caracterizado por un clima de fragmentación, desconfianza en las instituciones electorales y protestas sociales recurrentes. Las pugnas internas dentro del MAS, entre los llamados «evistas» y «arcistas», podrían derivar en una ruptura más profunda, afectando la estrategia electoral del oficialismo y su capacidad de consolidar una candidatura unificada.
Además, actores de la oposición han señalado que el regreso de Morales al centro de la contienda podría reactivar viejas tensiones y restar atención a los temas urgentes del país, como la crisis económica, la reforma judicial y la lucha contra la corrupción. También han manifestado su preocupación por la posible instrumentalización de la justicia con fines políticos, tanto para excluir como para beneficiar a determinados candidatos.
En esta situación de incertidumbre, el organismo electoral todavía no ha hecho una declaración final respecto a la habilitación de Morales, aunque ha indicado que procederá conforme a la Constitución y las decisiones judiciales actuales. No obstante, el debate sobre la legalidad y legitimidad de su posible candidatura parece que se intensificará en los meses venideros, lo que tendrá implicaciones significativas para el futuro de la democracia en Bolivia.
Las influencias sociales, los medios legales y el funcionamiento interno del MAS jugarán roles clave en la conclusión de este reciente episodio político. Actualmente, Morales sigue decidido a participar, y su convocatoria a la movilización sugiere un proceso electoral muy competitivo, donde la confrontación no solo ocurrirá entre gobierno y opositores, sino también dentro del partido gobernante.
En vistas al año 2025, Bolivia se dirige hacia un periodo de importantes decisiones, donde el rol de Evo Morales, su posible intervención y las normas del proceso electoral serán elementos fundamentales para entender el nuevo panorama político que surgirá en el país andino.
