Bolivia presenta un panorama laboral marcado por una aparente paradoja: tasas de desempleo abierto relativamente bajas en períodos normales, pero con una extensa y persistente presencia del empleo informal y del subempleo. Comprender la evolución de ambos fenómenos exige distinguir indicadores, observar impactos coyunturales (como la pandemia de COVID-19), analizar dinámicas sectoriales y demográficas, y evaluar políticas públicas de formalización y protección social.
Definiciones y limitaciones de las estadísticas
Antes de continuar, es importante recordar dos aspectos metodológicos clave. En primer lugar, la tasa de desempleo abierto representa la proporción de la fuerza laboral que se encuentra sin empleo, disponible y en búsqueda activa de uno; aunque es útil, resulta insuficiente en contextos con alta informalidad. En segundo lugar, el empleo informal puede ser definido de diversas formas: falta de afiliación a la seguridad social, ausencia de contrato escrito, empleo en unidades productivas informales (microempresas no registradas) o trabajo doméstico no remunerado dentro de los hogares. En Bolivia, las mediciones oficiales (INE, encuestas de hogares) y los informes de organismos internacionales (OIT, Banco Mundial, CEPAL) indican que la informalidad es estructural y que las cifras oficiales de desempleo subestiman la vulnerabilidad laboral al no capturar completamente el subempleo, la inestabilidad de ingresos y la falta de protección social.
Principales tendencias: antes, durante y después de la pandemia
– Periodo previo a 2020: En la década anterior a la pandemia, se observó una relativa estabilidad macroeconómica con un crecimiento moderado, acompañada de tasas de desempleo abierto que iban de bajas a moderadas (en comparación con la región). No obstante, el empleo generado se concentró fuertemente en la microempresa y la economía informal. La participación del empleo informal en la población ocupada suele situarse en niveles altos —con estimaciones que a menudo superan el 60%—, dependiendo de la definición y del año. Esto abarca a trabajadores por cuenta propia sin registro, vendedores ambulantes, empleados domésticos y ocupaciones rurales de subsistencia.
– Impacto de la COVID-19 (2020-2021): Las restricciones de movilidad, el cierre temporal de actividades no esenciales y la caída de la demanda afectaron de manera severa a sectores con alta proporción de empleo informal (servicios personales, comercio minorista, transporte y pequeñas manufacturas). La tasa de desempleo abierto subió en 2020, aunque el efecto más visible fue la reducción drástica de ingresos y el aumento del subempleo. Muchas personas retornaron al ámbito rural o recurrieron a actividades informales alternativas para subsistir, lo que temporalmente redujo la tasa de desempleo formal pero aumentó la precariedad. Las transferencias de emergencia y programas de alivio atenuaron, pero no eliminaron, los efectos de corto plazo sobre la pobreza laboral.
Recuperación parcial y desafíos estructurales (2022-2024): La recuperación económica tras el impacto heterogéneo permitió que el empleo formal se recuperara parcialmente en ciertos sectores, especialmente en Santa Cruz, dentro del sector agroindustrial, así como en actividades relacionadas con la construcción y el comercio. Sin embargo, la informalidad continuó predominando, y la calidad del empleo (protección social, estabilidad, ingresos) no mostró una mejora consistente. La inflación y la volatilidad de los precios de los commodities también afectaron la capacidad adquisitiva de los salarios reales y la demanda de mano de obra.
Distinciones sectoriales y territoriales
– Sector agrícola y rural: El empleo en el agro incluye muchos trabajadores en pequeñas parcelas familiares y en sistemas de producción familiar que típicamente no cotizan a la seguridad social. En departamentos con fuerte componente rural (Potosí, Oruro, Pando, Beni), la informalidad y el empleo por cuenta propia son predominantes. Las cosechas estacionales generan picos de ocupación que no siempre se traducen en empleos estables.
– Ciudades y economía urbana: En La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, la composición del empleo informal abarca a vendedores ambulantes, transporte informal (trufis, micros), comerciantes minoristas y servicios domésticos. La urbanización y el crecimiento del sector servicios han generado oportunidades, pero también han absorbido mano de obra en condiciones precarias.
– Minería y extractivismo: La minería metálica y la explotación de hidrocarburos combinan empleo formal en grandes proyectos y empleo informal o artesanal en actividades complementarias o de pequeña escala (minería artesanal y de pequeña minería). Estas actividades pueden aumentar el ingreso disponible en ciertas regiones, pero también generan condiciones laborales riesgosas y sin protección.
Grupos más afectados: género, juventud e indígenas
– Mujeres: Las mujeres están sobrerrepresentadas en empleos informales y en ocupaciones con menores protecciones laborales (trabajo doméstico remunerado, comercio minorista). Además, cargas de cuidado no remuneradas limitan su capacidad de acceso a empleos formales. La brecha salarial y la menor cobertura en seguridad social son persistentes.
– Jóvenes: La tasa de desempleo entre los jóvenes suele ser más elevada que la general, y muchos de ellos optan por empleos informales o temporales debido a la escasez de oportunidades formales. La desconexión entre la formación académica y la demanda del mercado laboral es un problema que se presenta con frecuencia.
– Población indígena y rural: Los pueblos indígenas enfrentan barreras mayores al acceso a empleo formal por razones geográficas, educativas y discriminación estructural. Esto se traduce en mayor dependencia del autoempleo y de actividades de subsistencia.
Factores estructurales que perpetúan la informalidad
– Estructura productiva: Dominio de micro y pequeñas unidades productivas con baja productividad y limitadas economías de escala. Muchos emprendimientos informales no logran transitar a la formalidad porque los costos y requisitos administrativos, fiscales y laborales representan barreras.
– Marco regulatorio y costos laborales: Aunque Bolivia ha establecido marcos de protección social, los costos vinculados a la formalización (impuestos, contribuciones patronales, trámites) fomentan la permanencia en la informalidad, especialmente para microempresarios y empleadores con baja capacidad de pago.
– Educación y capacitación: La instrucción técnica y profesional no siempre se alinea con las necesidades productivas, y los programas de formación no logran satisfacer la demanda de reconversión laboral, especialmente para los trabajadores informales adultos.
– Acceso a financiamiento y a mercados: La falta de crédito formal, mecanismos de garantías y acceso limitado a mercados formales limita la capacidad de crecimiento de pequeñas unidades productivas.
Programas pertinentes y políticas públicas
Bolivia ha implementado diversas respuestas para mitigar la informalidad y proteger a trabajadores vulnerables:
– Transferencias y subsidios: Programas sociales y transferencias condicionadas y no condicionadas durante la pandemia ayudaron a sostener ingresos. Estas medidas son temporales y tienen efecto limitado sobre la formalización a largo plazo.
– Programas de empleo y capacitación: Iniciativas de formación técnica, reconversión y apoyo a emprendimientos buscan facilitar la transición hacia empleos con mayores garantías. La efectividad varía por alcance geográfico y alineación con demanda privada.
– Incentivos para formalización: Se han implementado medidas para facilitar trámites y disminuir costos para pequeñas empresas, además de esquemas de seguridad social progresivos o especiales. Sin embargo, la persistencia de la informalidad sugiere que estos incentivos no han sido suficientes o que la oferta formal no absorbe la mano de obra en condiciones competitivas.
– Regulación laboral y fiscal: Las modificaciones en la normativa laboral y fiscal pueden incentivar o desincentivar la contratación formal. La clave radica en equilibrar la protección social y la flexibilidad para fomentar la creación de empleo digno.
Estudios de caso ilustrativos
– Vendedores ambulantes en El Alto: Numerosos de ellos laboran extensas jornadas sin estar afiliados a la seguridad social; la regulación municipal suele ser esporádica (operativos de control, reubicaciones), lo cual provoca incertidumbre. Los programas municipales de formalización han proporcionado módulos y microcréditos, con un éxito parcial: algunos consiguen establecer locales informales registrados, mientras que otros regresan al comercio ambulante debido a los costos fijos más bajos.
– Microempresas agroindustriales en Santa Cruz: El desarrollo del sector agroexportador ha creado empleos formales en plantas de procesamiento, aunque la oferta no es homogénea. Los pequeños productores a menudo quedan fuera de las cadenas formales y trabajan de manera estacional e intermitente; al unirse a cooperativas que les proporcionan acceso a mercados y certificaciones, tienden a mejorar sus condiciones laborales.
-Minería artesanal en Potosí: Las actividades a pequeña escala continúan al margen de los esquemas de seguridad social y enfrentan riesgos elevados. Las intervenciones para la formalización han progresado mediante cooperativas, pero la transición demanda inversión en seguridad, formalización de la cadena y acceso a mercados.
Proyecciones futuras y sugerencias de políticas
Escenarios posibles a mediano plazo dependen de la interacción entre crecimiento económico, políticas públicas e innovación institucional:
– Escenario de continuidad: Sin reformas significativas, la informalidad permanece elevada; el empleo formal mejora de manera débil, vinculado a sectores específicos y con una persistente vulnerabilidad en los salarios.
– Escenario proactivo: Con políticas integradas (simplificación tributaria para micropymes, acceso real a crédito, capacitación alineada con demanda, ampliación de la protección social mediante esquemas contributivos flexibles), se podría promover una tasa de formalización gradual, mejorar la calidad del empleo y reducir la pobreza laboral.
– Escenario desfavorable: Factores externos adversos, como una caída en los precios de las materias primas o impactos climáticos, podrían incrementar la vulnerabilidad y ampliar la economía informal.
Recomendaciones prioritarias: 1. Crear incentivos fiscales y regulatorios escalonados que disminuyan el costo inicial de la formalización para microempresas. 2. Expandir esquemas de protección social universal o contributivo flexible para garantizar cobertura a trabajadores informales (salud, pensiones y riesgo laboral). 3. Reforzar programas de formación técnica vinculados a cadenas productivas regionales y a la demanda privada. 4. Optimizar el acceso a financiamiento con garantías públicas y asesoría empresarial para emprendimientos que buscan formalizarse. 5. Fomentar políticas de género y de juventud que consideren cuidados, conciliación y formación específica. 6. Incorporar a la informalidad en estrategias de planificación urbana (espacios de comercio formalizados, logística y transporte) para armonizar regulación y subsistencia económica.
La evolución del desempleo y del empleo informal en Bolivia no puede leerse exclusivamente en cifras de desempleo abierto: requiere una mirada holística que combine calidad del empleo, precariedad de ingresos, cobertura social y capacidad productiva. La informalidad es el resultado de factores estructurales económicos, institucionales y sociales; cualquier avance duradero exige políticas coherentes que reduzcan costos de formalización, amplíen protección social y fortalezcan las capacidades productivas locales. Avanzar hacia empleos más dignos implica transformar no solo las cifras, sino las condiciones reales de trabajo y las oportunidades de crecimiento económico inclusivo, reconociendo la diversidad territorial y cultural del país.
