Miles de empleados se encuentran en una situación de incertidumbre económica debido al cierre del Gobierno federal de EE.UU., mientras que otros continúan recibiendo sus salarios sin interrupciones.
En periodos de cambios políticos y económicos, la clausura provisional de las agencias federales representa un reto considerable para una gran cantidad de trabajadores del sector público. Mientras que ciertos individuos percibirán su remuneración puntualmente, otros enfrentarán una coyuntura más complicada. Seguidamente, analizaremos quiénes tienen derecho a recibir su salario y quiénes no en estas eventualidades, con el fin de esclarecer una cuestión que impacta tanto a los hogares como al panorama económico global.
¿Qué personas continúan recibiendo su pago durante el período de cierre?
Los empleados catalogados como “esenciales” o “exentos” mantienen sus actividades laborales durante una interrupción de las operaciones del Gobierno federal y, consecuentemente, continúan percibiendo sus salarios. Estos individuos desempeñan funciones en sectores vitales como la seguridad nacional, la salud pública, la prevención de catástrofes, la administración de fronteras y otras tareas que no pueden detenerse sin poner en peligro a la comunidad. Por ejemplo, en este grupo se incluyen agentes de la patrulla fronteriza, personal de hospitales militares y especialistas en vigilancia de pandemias. Su trabajo es considerado imprescindible y se les requiere asistir a sus puestos incluso si no se ha aprobado el presupuesto para su entidad.
Además, los contratistas federales que prestan servicios esenciales pueden también estar en la lista de quienes siguen cobrando, siempre que su trabajo esté incluido en el contrato bajo condiciones de emergencia o continuidad operativa. En estos casos se garantiza el pago inmediato, sin esperar a que se restablezca el presupuesto.
¿Qué ocurre con los trabajadores considerados “no esenciales”?
Los empleados federales cuyas responsabilidades no son críticas, conocidos como “no esenciales” o “no exentos”, a diferencia de aquellos considerados fundamentales, pueden ser suspendidos temporalmente (furloughed) si ocurre un cierre. Bajo esta circunstancia, sus ingresos se interrumpen hasta que la financiación de su entidad sea restaurada. Por ejemplo, el personal de áreas administrativas que no interactúa directamente con situaciones de emergencia o servicios vitales, generalmente se encuentra en esta posición.
Durante el tiempo que permanecen en suspensión, esos trabajadores no realizan actividades laborales, aunque muchas veces continúan contando como “empleados” a efectos legales. No reciben pago por horas no trabajadas, y la reanudación de su salario depende de que el Congreso autorice nuevamente el financiamiento. Algunas veces han existido aprobaciones retroactivas del salario, pero eso no se garantiza ni es automático.
¿Y los contratistas no esenciales?
Aquellos contratistas que no proveen servicios fundamentales se encuentran en una posición de mayor riesgo. En caso de que la entidad federal para la cual laboran carezca de fondos, su acuerdo contractual podría suspenderse. A pesar de la existencia de procedimientos que posibilitan a algunos obtener un pago retroactivo una vez que se reanude la financiación, la percepción de un cobro inmediato no está garantizada. Consecuentemente, su panorama es más incierto en comparación con el de los trabajadores federales directos catalogados como “esenciales”.
Impactos económicos y personales del cierre
Un cierre gubernamental no solo detiene la labor de ciertas agencias, sino que también genera repercusiones directas en los hogares de trabajadores, en las comunidades donde se prestan los servicios y en la economía nacional. Para los empleados que corrigen su salario sin interrupción, la continuidad implica tranquilidad financiera. Sin embargo, para aquellos en suspensión, la falta de ingresos puede derivar en presiones para cumplir con hipotecas, pagos de auto, educación o atención médica.
Las compañías que se sustentan en la inversión gubernamental —como en regiones donde el Estado es un empleador principal— experimentan dificultades cuando el poder de compra de los empleados afectados se reduce significativamente. Esta situación puede desencadenar una serie de consecuencias: una disminución del consumo, menor movimiento comercial, demoras en iniciativas fundamentales y una repercusión económica general que podría intensificarse si la interrupción se extiende.
Consideraciones adicionales y como prepararse
Frente a la eventualidad de un cierre, tanto trabajadores como contratistas y sus familias pueden tomar medidas preventivas para reducir sus efectos. Disponer de un fondo de contingencia que cubra entre tres y seis meses de gastos es fundamental. Es importante examinar los acuerdos de servicio para determinar si la labor se considera esencial, lo que podría influir en la continuidad de los ingresos. Además, seguir de cerca las resoluciones del Congreso y del Ejecutivo en materia de financiación es crucial para prever una pronta reactivación de los pagos o la implementación de ayudas con carácter retroactivo.
